EEUU evalúa permitir juicios por propiedades confiscadas por Cuba

Estados Unidos evalúa permitir juicios por propiedades privadas incautadas por Cuba luego de la revolución comunista, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, advirtiendo en especial a las empresas extranjeras que puedan estarse beneficiando de esto.

Pompeo dijo que estaba revisando avanzar con la Ley de Libertad, una norma de 1996 que permitiría a los exiliados cubanos demandar tanto a las empresas privadas como a la propia Cuba por obtener ganancias de propiedades nacionalizadas después de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Hasta ahora, los gobiernos estadounidenses han usado su autoridad para retrasar la implementación de esta ley cada seis meses, pero Pompeo anunció que emitirá una suspensión por solo 45 días a partir del 1 de febrero.

Pompeo dijo en un comunicado que durante ese período la administración del presidente Donald Trump llevaría a cabo una «revisión cuidadosa» del tema.

La administración analizará los «esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluirá factores como la brutal opresión de los derechos humanos y las libertades fundamentales del régimen cubano y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua», dijo.

«Pedimos a la comunidad internacional que fortalezca los esfuerzos para responsabilizar al gobierno cubano por los 60 años de represión de su gente».

«Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura», añadió en un comunicado.

Esta advertencia es otro cambio brusco de las políticas del antecesor de Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían fracasado.

Incluso antes de la campaña de reconciliación promovida por Obama, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos determinaron que la Ley de Libertad arriesgaría relaciones clave, ya que aliados europeos y Canadá han hecho grandes inversiones en Cuba.

La Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano de extrema derecha Jesse Helms, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de exiliados activistas cubanos.

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