En un intento por explicar el mecanismo de las desapariciones en México, que supera actualmente las 35.000 personas, la investigación de Quinto Elemento Lab, una organización dedicada a la investigación periodística, refleja la escalada de violencia que vivió el país durante las presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). “El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que en 2006 fueron descubiertas sólo dos fosas, y que en los años siguientes el número subió a varios cientos. En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas; en 2011 saltó a 375, equivalente en promedio a una por día. A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245”, reporta la publicación.
Durante esos 11 años, solo 738 personas del total de las víctimas han sido reconocidas mientras miles permanecen como no identificados. La publicación, realizada a través de 200 peticiones de información pública, llega a menos de dos meses del escándalo producido por los tráileres repletos de cadáveres abandonados en Jalisco, que revelaron el aumento de la violencia en México y la saturación de sus morgues.
La responsabilidad de contabilizar las fosas y los cuerpos encontrados en ellas recae directamente en las instituciones, tanto federales como estatales. Sin embargo, organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han contrariado las cifras oficiales múltiples veces y acusado a los Gobiernos de no dar respuestas satisfactorias. “¿Por qué las autoridades con toda la responsabilidad y los recursos para hacer el registro completo de fosas y cuerpos no lo han hecho? Es una decisión política no hacerlo, es una decisión política que no se sepa dónde están las fosas ni donde están los cuerpos”, ha dicho este lunes Alejandra Guillén, una de las autoras de la investigación, en la presentación del informe.
La investigación periodística permite mapear los lugares donde se acumula la mayor cantidad de entierros clandestinos y el resultado es estremecedor. Los Estados que registraron más fosas fueron Veracruz, cuya cúpula policial fue detenida este año por torturas y detenciones ilegales, y Tamaulipas, donde el narcotráfico está enquistado desde hace más de una década, y donde las Fuerzas Armadas han sido acusadas de secuestrar personas que no volvieron a aparecer. Ambas entidades, sobre el Golfo de México, tienen una importante presencia de carteles del narcotráfico como Los Zetas.
“La importancia del mapa radica en que no solo se trata de un mapa de fosas, sino un mapa de resistencia, de solidaridad de afectos”, dijo Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, durante la presentación en referencia a las miles de madres que recorren fosas, hospitales y morgues cada día en medio de la indiferencia oficial. “Una fosa no es solo un homicidio sino un mensaje a las poblaciones. No queremos que el enemigo recupere el cuerpo”, añadió Robledo. La investigación centra la mayor cantidad de muertes en un “pentágono del dolor”, formado por Sinaloa, Ciudad Juarez, Acapulco, Veracruz y San fernando (Tamaulipas).
El informe permite además dar cuenta de nuevas formas en las que operan los criminales. “Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos”, señala la publicación.
Los entierros no siempre se realizaron en lugares despoblados. En algunos casos incluso se hicieron en calles transitadas y ciudades muy pobladas. “La mayoría de los 350 cuerpos extraídos en 2011 en Durango [capital del Estado homónimo que encabeza la lista de entidades con más víctimas encontradas, con casi 500 cadáveres] estaban enterrados en zonas urbanas: algunos en el mero centro, otros en casas, refaccionarias, talleres, obras negras, en terrenos baldíos, en plena avenida o, incluso, junto a un Bachilleres”, apunta la investigación.
A pesar los abrumadores datos, la publicación no tiene información completa, según admiten las autoras, quienes explicaron que en siete entidades las autoridades les negaron la existencia de entierros ilegales mientras que testimonios y reportes de prensa aseguraban lo contrario. “Aunque ocho Estados nos han dicho que no tienen fosas también vemos que hay zonas de silencio. Hay muchos lugares donde no se pueden entrar y siguen siendo hoy lugares de crímenes. Intentamos hacer un recorrido por estos lugares y desistimos porque era muy peligroso”, ha admitido este lunes Marcela Turati, una de las periodistas que llevó a cabo la investigación, durante la presentación. “Cada fiscalía da o esconde lo que quiere”, aseguró.
Otro de los factores que complica la contabilización de los cuerpos sin vida son las diferentes formas en que se llevan a cabo. Algunos Estados incluso han registrado “cocinas” donde se deshacen cadáveres en ácido o tambos metálicos con restos humanos. En este sentido, la publicación ha sido concluyente en algo: la necesidad de crear un protocolo homologado en todo el país que sirva para registrar las fosas y los restos encontrados.
Las autoras aseguran que mientras los registros sigan siendo dispersos, incompletos, contradictorios o fragmentados las familias de las víctimas se ven obligadas a vivir en la incertidumbre acerca del paradero de su seres queridos. “La suma de negligencias y omisiones condenan a las personas desaparecidas a desaparecer por segunda vez”, concluye la investigación.
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